Memorias

Llueve sobre mojado con el veto del Senado a la propuesta de crear una Comisión de investigación que destape las causas y responsabilidades del accidente aéreo de la compañía Spanair. Como recordaremos, la aeronave que se dirigía desde Barajas a Gran Canaria, tras desplomarse, cegó la vida de 154 personas, la mayor parte de ellas canarias. Así, los partidos (PP y PSOE) que formaron los respectivos gobiernos durante y después del siniestro, continúan dificultando profundizar en lo ocurrido más allá de los huidizos y abstractos pronunciamientos judiciales. Lo cierto es que, además de los gobiernos de España, las instituciones canarias han hecho también lo propio con su cobarde indiferencia e insensibilidad sobre este gravísimo siniestro. Inicialmente el Gobierno de Coalición Canaria, contrariamente a la exigencia de Intersindical Canaria, nunca se personó como parte acusadora en el proceso judicial. El Parlamento canario, ¡siete años después! del siniestro, aprueba una timorata resolución para que se nombre en Madrid una Comisión investigadora. Y ahora, la extemporánea propuesta en la Cámara presentada por la senadora Julios. No es sólo conocer la verdad de lo ocurrido a la que tienen derecho la asociación de víctimas, es también desenmarañar los fallos cometidos, determinar las responsabilidades de gobierno y autoridades y establecer las medidas pertinentes que evite la repetición de la muerte de inocentes por grave negligencia. "Buscar por tierra, mar y aire", al igual que la ministra Cospedal ha prometido recientemente a los familiares de los 62 militares fallecidos en el accidente del avión militar Yak-42

La extrema e histórica indulgencia con la que sus súbditos han reaccionado históricamente ante los excesos de la familia real española destaca como singular e incomprensible. Igualmente excepcional, pero además repugnante, resulta la actual sumisión de la clase política hispana a la misma institución monárquica que, tras ser abolida por la República, recordemos, fue rehabilitada por el dictador Franco.  Ahora, también el otro poder: el judicial, certifica que, al contrario de los que afirma la letanía oficial, no todos somos iguales ante la ley. Y no sólo porque la reina Leticia o sus suegros, con absoluta impunidad  metan  a diario la mano en la hacienda pública para multiplicar su multimillonario ajuar o practicar actividades  licenciosas, abofeteando de paso a los cientos de miles de canaritos en paro o en régimen de pobreza, sino porque llegado el caso, los parientes más directos de Felipe V, tras cometer corrupción y enriquecerse ilícitamente mediante la utilización de una institución del Estado (hechos probados), son premiados mediante una absolución o una clementísima sentencia con la que sus señorías del juzgado de Instrucción de Palma premian a la hermana del Rey y a su esposo, fallo judicial este que incluye una indefinida residencia vacacional en Suiza.

El apoyo dado a Clavijo en Canarias por partidos y sindicatos institucionalistas, está muy bien en lo formal. Pero aquí lo importante es conocer el fondo y la forma de lo que, finalmente, de la Conferencia de Presidentes autonómicos vaya a ocurrir. Por lo pronto, “nuestro” presidente repitió en Madrid su habitual rostro de servil y colonizado pedigüeño. Pero, además de esa foto fija, en la poco probable hipótesis que el gobierno del PP compense una parte de los seculares agravios y abusos inversores cometidos con Canarias y el Presidente recupere al menos una parte de los miles de millones de euros defraudados a nuestro País, nos embarga la duda si, por fin, Clavijo estaría dispuesto a cambiar su larguísimo ciclo de reposte millonario de euros a su clase empresarial amiga para iniciar el saneamiento de nuestra precarísimos servicios públicos y, además, comenzar la cuenta atrás para que nuestros trabajadores dejen de ocupar el vergonzante primer puesto de indigencia social y laboral del conjunto del Estado y de Europa. De paso, y al tanto que superaríamos tal terrible agravio, pondríamos también coto al despreciable privilegio de la clase empresarial canaria de continuar gozando con en menor coste laboral, también del Estado y de Europa.

Pablo Espinel